ESCALADA REPRESIVA EN BIELORRUSIA: LLEVAN A JUICIO A UN PREMIO NOBEL Y A LOS LÍDERES DE LA OPOSICIÓN
En Bielorrusia están a la orden del día la brutalidad policial, el abuso del sistema judicial y la manipulación y represión del espacio público, todo ello para silenciar a las voces discordantes. El régimen emplea nuevos instrumentos «legales» coercitivos, agravando así un panorama ya de por sí desolador.
El premio nobel Ales Bialiatski otra vez a juicio
El 5 de enero de 2023 arrancó el juicio del caso con tintes políticos contra la organización pro derechos humanos Viasna. Se sientan en el banquillo tres defensores de los derechos humanos, que se enfrentan a penas de siete a doce años de prisión. Se trata de Ales Bialiatski, ganador del Premio Nobel de la Paz y director de Viasna, su subdirector, Valiantsin Stefanovic, y el coordinador de la campaña Human Rights Defenders for Free Elections, Uladzimir Labkovich. Ales Bialiatski cumplió condena entre 2011 y 2014 por cargos dudosos y regresó a la cárcel en julio de 2021.
Se les trata a todos ellos como delincuentes peligrosos, al parecer para lograr el máximo efecto intimidatorio. Se encuentran enjaulados y esposados, y dos unidades policiales registran a todo aquel que accede al juzgado. Un juez denegó la moción de uno de los acusados de que el juicio se celebrase en bielorruso, su lengua materna.
Huelga decir que no se dio a Bialiatski la oportunidad de participar en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz celebrada el 10 de diciembre de 2022 en Oslo.
El canal 1 de la televisión estatal bielorrusa emitió un reportaje propagandístico en el que no se decía una sola palabra sobre el reconocimiento internacional que han recibido Bialiatski y sus compañeros. Muy al contrario, en él se cuestionaba su condición de defensores de los derechos humanos y se les presentaba como «delincuentes que, con la ayuda de la UE, introdujeron dinero de contrabando para apoyar a la destructiva oposición» en Bielorrusia. La esfera informativa bielorrusa, tremendamente manipulada, alcanza así nuevas cotas de bajeza.
Más presos políticos, «extremistas» y «terroristas»
El número de presos políticos en Bielorrusia asciende, a fecha de 31 de enero de 2023, a 1 441 como mínimo. EUvsDisinfo ha ido informando de esta tendencia. El número real de presos políticos podría ser muy superior, ya que, debido al creciente secretismo que envuelve a los juicios, cada vez resulta más difícil realizar un seguimiento de los casos de persecución por motivos políticos. Por otra parte, la represión no cesa cuando sus víctimas salen de la cárcel; estas siguen bajo el radar del Estado bielorruso cuando quedan en libertad o dejan de estar bajo custodia policial.
La maquinaria de la represión sigue en marcha y cada semana se suman nuevos nombres a la lista. Desde que el Estado anunciase resultados falsos de las elecciones presidenciales de 2020, los defensores de los derechos humanos han documentado más de 2 500 arrestos y al menos otras 3 500 personas procesadas por motivos políticos.
El informe sobre derechos humanos de Viasna de diciembre de 2022 puso de manifiesto que no ha cesado la «persecución sistemática y a gran escala de disidentes». El informe documenta el uso continuado de torturas y otras prácticas ilegales durante las investigaciones penales motivadas por cuestiones políticas. Asimismo, se hace eco de persecuciones habituales por parte del Estado a aquellos que protestan contra el fraude electoral perpetrado por el régimen bajo el pretexto de combatir el extremismo y el terrorismo.
La lista extrajudicial de «extremistas» que mantiene el Ministerio de Interior incluye actualmente a más de 2 300 personas, entre ellas, una docena de periodistas. Solo en diciembre, más de doscientos nombres pasaron a engrosar la lista. La lista de «terroristas», supervisada por el KGB bielorruso, incluye ahora a cerca de doscientos cincuenta bielorrusos y a varios grupos y organizaciones del país.
El régimen cuelga las etiquetas de «extremista» y «terrorista» a organizaciones, medios de comunicación, libros y otros materiales. Recientemente el famoso grupo bielorruso de rock Tor Band fue designado «grupo extremista». Los músicos y sus esposas fueron arrestados en octubre de 2022 y se enfrentan a acusaciones penales por sus canciones en favor de la democracia.
También se sigue recurriendo a la práctica de grabar «vídeos de arrepentimiento/confesión» en los que aparece el detenido confesando acciones que las autoridades consideran delictivas. Estos vídeos se divulgan por internet o los utilizan los medios de comunicación estatales para difamar a las personas e infundir miedo. Al menos cincuenta y dos personas han sido víctimas de esta deleznable práctica solo en diciembre, según el informe sobre derechos humanos de Viasna.
A por las familias: asedio a los familiares de los presos políticos
La represión en Bielorrusia es cada vez más sangrante, como demuestra la tragedia de la familia Losik. El 19 de enero de 2023, Darya Losik, la esposa del preso político y bloguero Ihar Losik, fue condenada a dos años de cárcel por «facilitar el extremismo».
Las autoridades del régimen esgrimieron esta dudosa acusación en referencia a la entrevista que le hizo a Darya Losik la cadena de televisión polaca Belsat para tratar la cuestión del encarcelamiento de su marido, Ihar Losik. Según la documentación del caso, ella «se presentó como la esposa de un preso político y realizó una valoración negativa de los organismos del Estado, los cuales poseen competencias judiciales y penales».
En ese momento, Losik hizo un llamamiento internacional en favor de la liberación de su esposo, quien había sido condenado anteriormente a quince años de cárcel por motivos políticos. En este artículo ofrecemos más información. La hija de los Losik, de cuatro años, se encuentra en este momento sin sus padres.
Con este caso, el régimen bielorruso envió un mensaje intimidatorio a las familias de otros presos políticos para que no osen cuestionar públicamente la legalidad de sus procesos judiciales o emitir ninguna crítica.
Más casos in absentia
Últimamente el régimen bielorruso ha comenzado a celebrar procedimientos penales in absentia, esto es, sin la comparecencia de los acusados. Los primeros veredictos in absentia se emitieron el 18 de enero contra cinco personas acusadas de publicar datos sobre agentes de seguridad involucrados en actos de represión. Cada uno de los acusados ausentes fue condenado a doce años de prisión. Los juicios también ponen de manifiesto una nueva tendencia: además de dictar sentencias de cárcel, se confiscan bienes.
El 17 de enero comenzó otro juicio in absentia contra la líder del movimiento en favor de la democracia Sviatlana Tsikhanouskaya, el opositor político Pavel Latushka y otros tres activistas.
Tres novedades jurídicas «creativas»
Revocar la ciudadanía
En los dos últimos meses, el régimen bielorruso ha adoptado otra siniestra táctica, supuestamente legal.
En primer lugar, ha aprobado reformas jurídicas relativas a la revocación de la ciudadanía bielorrusa de los «extremistas». Los delitos penales como la «preparación de disturbios masivos» o la «difamación del presidente» podrían bastar para justificar la adopción de esta medida. Por tanto, muchos opositores en el exilio, como activistas y periodistas, podrían perder su ciudadanía bielorrusa en los próximos meses. Estas estrategias recuerdan a los tiempos de la URSS, en los que se exiliaba a los ciudadanos no deseados y se les arrebataba la nacionalidad.
Confiscación de bienes
En segundo lugar, una nueva ley regula la confiscación de bienes «por motivo de necesidad pública». La ley ofrece una definición intencionadamente vaga de aquellos que se exponen a que sus bienes sean confiscados. Solo hace mención a «acciones hostiles» de países extranjeros y señala a aquellas personas que estén involucradas de un modo u otro en tales actos. Según expertos en materia jurídica, prácticamente cualquier persona o empresa puede verse afectada por esta ley formulada bajo unos términos tan imprecisos.
Mayor ámbito de aplicación de la pena de muerte
En tercer lugar, el Estado ha ampliado los posibles motivos para aplicar la pena de muerte, añadiendo el de «traición al Estado» cuando la cometa un funcionario o un miembro de las fuerzas armadas.
Parece tratarse de un intento de intimidar al aparato del Estado y las fuerzas armadas en un momento en el que reina la incertidumbre sobre la posible participación de efectivos militares bielorrusos en la guerra de Rusia contra Ucrania.
Véanse otros materiales sobre la desinformación dirigida contra la Bielorrusia democrática aquí.
